PT propone multa de mil 500 UMAs a matrimonio infantil en comunidades indígenas
La diputada Margarita García García del PT propuso una iniciativa que establece sanciones claras para quienes no respeten la edad mínima para contraer matrimonio y participen en la venta de niñas.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Con el objetivo de precisar y tipificar las sanciones, así como prohibir el intercambio de niñas y adolescentes con fines de matrimonio, además de actualizar las multas por sanciones, la diputada federal del Partido del Trabajo, Margarita García García, presentó una iniciativa que reforma y complementa diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
La legisladora del PT destacó que, a pesar de las modificaciones al Código Civil en 2019, las cuales establecieron que la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años, aún persisten prácticas de intercambio por usos y costumbres en comunidades originarias. Donde, es común el trueque de hijas por animales o dinero.
En su calidad de secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, García García subrayó que estas prácticas son muy comunes en zonas indígenas, especialmente en estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, perpetuando la desigualdad de género. Esta desigualdad afecta y vulnera los derechos, especialmente de las niñas, quienes enfrentan un mayor riesgo de sufrir violencia y tienen un acceso limitado a la educación.
La legisladora reafirmó que la reforma propuesta en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establecerá claramente las sanciones para aquellos que no respeten la edad mínima para contraer matrimonio y para quienes participen en la venta de niñas y adolescentes con ese propósito. En este sentido, la propuesta contempla multas de hasta mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quienes incurran en estas infracciones, es decir, de 162 mil 855 pesos de acuerdo al valor actual de la UMA.
Asimismo, señaló que la iniciativa presentada en la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas asignará a este organismo la responsabilidad de erradicar la venta e intercambio de niñas y adolescentes como parte de sus funciones. Con ello, se busca sancionar y prevenir delitos relacionados con la trata de personas, además de garantizar la protección y asistencia a las víctimas de estos crímenes.
Ver nota: Obesidad infantil, un problema en ascenso en la CDMX
