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México

Abogado expone desvío millonario en contratos públicos del PRI

Pide investigar la posible defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita .

Publicado el

Por: Alejandro Godina

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta mañana el abogado Miguel Alfonso Meza acudió a la Fiscalía General de la República, a presentar una denuncia formal, por el desvío de 116 millones de pesos en contratos gubernamentales vinculados al PRI, en municipios de Nuevo León como Santiago, Guadalupe, y Monterrey, así como el Estado de México.

Según Meza, los gobiernos implicados habrían contratado a una empresa denominada MURATA, la cual se publicitaba falsamente como especializada en inteligencia militar, para realizar capacitaciones en equidad de género y prevención de accidentes automovilísticos.

Es decir, nada que ver con lo que realmente se supone que hacía la empresa, que era espionaje, capacitaciones para actividades militares en tierra y navales.

Miguel Alfonso Meza, 

Abogado especializado en anticorrupción.

Miguel Alfonso Meza mostró la denuncia formal que interpuso.

Entre los contratos que dijo Meza tener en su poder, destaca uno firmado directamente por Paco Cienfuegos, quien sería el suplente en el Senado de Manlio Fabio Beltrones, exgobernador de Sonora y figura prominente del PRI. El abogado subrayó que este contrato se firmó con una identidad robada, lo que agravaría la ilegalidad del asunto.

Además, Meza denunció intentos de silenciamiento por parte de Karina Barrón, candidata al senado.

La fiscalía también deberá, si acepta la denuncia, investigar la posible defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con estos contratos, que no solo involucran a políticos de alto perfil, sino también a instituciones como la Fiscalía General del Estado de Nuevo León y el ISSSTE durante la administración de Enrique Peña Nieto, ampliando el alcance de la supuesta red de corrupción.

Ver nota:
Piden a la UIF investigar corrupción en administración de Adrián de la Garza

De acuerdo con Meza, los gobiernos implicados habrían contratado a una empresa denominada MURATA.

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